NOTAS | 26.04.2010
A la medida de la Industria Farmacéutica y las universidades privadas

La nueva gestión de la procuración de la CABA no se diferencia de la anterior a cargo de Tonelli, al menos en lo que respecta a sacar dictámenes sin sustento jurídico y legal y solo influenciados por la industria farmacéutica y las universidades privadas.

Contrariando lo establecido por la ley 1713 que regula la actividad de los agentes de propaganda medica y exige a los laboratorios de especialidades medicinales ajustarse a normas éticas científicas en la promoción de los medicamentos, el procurador adjunto de la CABA Juan Martín Alterini pretende que el Ministerio de Salud siga otorgando matriculas a personas que no tienen aval académico ni legal para obtenerlas.

La Industria Farmacéutica que en nuestro país siempre se opuso a todo tipo de regulación, en el caso de la ley que nos ocupa no fue la excepción. Trató de influir sobre la Legislatura y luego sobre el Ejecutivo para trabar su reglamentación pero no tuvieron éxito gracias a la movilización de los trabajadores de la salud y la gestión de los que creen en la defensa de la salud colectiva desde todos sus ángulos.

Como ya lo denunciamos en mas de una oportunidad la Procuración de la CABA le brinda las herramientas al Ministerio de Salud para que continúe violando una ley para hacer de la promoción y comercialización de los medicamentos una banalidad que solo contemple al marketing carente de ética como eje principal.

Los trabajadores se ajustan estrictamente, a través de su Instituto Ramón Carrillo, a lo establecido por la ley y a los programas, contenidos y cargas horarias exigidos por el Ministerio de Educación para la formación de los futuros agentes de propaganda médica, porque saben que esa es la manera mas clara de defender la salud colectiva en un tema tan sensible y central como son los medicamentos. El procurador adjunto Juan Martín Alterini en un dictamen, solo explicable por la influencia de la industria multinacional y nacional del medicamento aliados esta vez con las universidades privadas, permite que certificados de concurrencia a cursos sin tener valor de un titulo y con cargas horarias que no son ni la cuarta parte de lo exigido legalmente sirvan para que se promocionen y se comercialicen fármacos.

Los trabajadores agentes de propaganda médica en conjunto con el resto de los trabajadores de la salud iniciaremos las acciones legales correspondientes pero también continuaremos la lucha con un plan de movilización y esclarecimiento a la opinión publica para que el procurador Dr. Ramiro Monner Sans defina su postura y para que el procurador adjunto Juan Martín Alterini deba explicar porque discrimina a los trabajadores y concede a las universidades privadas y a la industria farmacéutica privilegios que no lograron obtener ni en la sanción ni en la reglamentación de la ley.